El Foro de los Recursos Hídricos es una plataforma de amplia participación social e institucional, constituida hace más de 20 años, con el objetivo de promover la investigación y el diálogo, así como la construcción colectiva de propuestas de política pública para la gestión planificada y participativa del agua. El 25, 26 y 27 de agosto de 2021, realizaron el 11vo Encuentro Nacional, organizado por el Consorcio Camaren y el auspicio de la Unión Europea y el Proyecto Urku Ñan.
En el segundo día, se presentó la ponencia “Gobernanza de la Conservación del Agua en los Países Andinos: Una mirada crítica”, resultado preliminar de un estudio regional llevado a cabo por SIPAE – Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador, con el apoyo de CONDESAN (en el marco del Programa Bosques Andinos) y la Universidad Central del Ecuador. El estudio parte de la necesidad de conocer, después de 2 décadas de la existencia de este mecanismo de pago por servicios ambientales, cuáles son sus impactos positivos y negativos, tanto ambientales como sociales, identificar los actores vinculados, sus roles, formas de participación y beneficio, así como las dinámicas institucionales y socioeconómicas que los han caracterizado.
Específicamente, se busca, a través del análisis de estudios de caso en Colombia, Ecuador y Perú bajo la mirada conceptual de la justicia hídrica, comprender las relaciones sociales, políticas, económicas, institucionales, culturales y ambientales, para contribuir con recomendaciones para una gobernanza más justa y democrática en torno a este mecanismo de conservación de ecosistemas clave para la provisión de agua.
En el mencionado encuentro, se socializaron algunos resultados preliminares. El primero es el reconocimiento de que la seguridad hídrica para algunos implica la inseguridad hídrica para otros: los fondos de agua no abordan el problema de la seguridad hídrica de las comunidades rurales. El segundo es que la toma de decisiones está condicionada al tema económico por sobre los impactos socioambientales. Un tercero es que no existen procesos de monitoreo que permitan evaluar adecuadamente sus impactos. El indicador más utilizado es el número de hectáreas bajo acuerdos de conservación.
Respecto a las recomendaciones, una fundamental es el ajuste de las políticas públicas para proteger la función social del agua, evitando sujetar el recurso a las reglas del mercado. Igualmente, se insta a reconocer económicamente el aporte de las comunidades rurales a la conservación y cuidado del agua, apoyar su organización y viabilizar alternativas de financiamiento ligadas al sistema financiero de la economía social y solidaria. En cuanto al sistema de monitoreo, es necesario crear sistemas de monitoreo que reflejen las variables socioambientales involucradas de manera integral. Estos podrían complementarse con la creación de Observatorios de Justicia Climática.
En el contexto actual de creciente crisis hídrica y la necesidad de fortalecer y procurar sistemas de gobernanza justos y con mayores impactos positivos tanto para los procesos de conservación de las fuentes hídricas, como para la seguridad hídrica integral de la población rural y urbana, es crítico multiplicar los espacios de debate en torno a estos mecanismos. El haber participado en el Foro de los Recursos Hídricos, ha sido un paso importante en este camino, introduciendo el tema y generando una mirada crítica en torno a éstos.
En este mismo camino, en las próximas semanas se presentarán los resultados finales del estudio con el fin de continuar con la reflexión y análisis, y se difundirá el documento de síntesis regional, que incluye los casos de estudio de Ecuador, Perú y Colombia, entre actores clave relacionados con el tema.
